Un agente medioambiental vió cómo trasladaban residuos del Poyo y los enterraban en el solar de la denuncia contra la CHJ

Un informe remitido a la dirección territorial de Medio Ambiente por el especialista demuestra la tesis del Consell. El técnico llevó a cabo una inspección que relata en el documento: «Lo que queda claro es que, en el momento de la inspección, las tareas que estaban realizando consistían en sacar residuos desenterrados en la parcela 9005 y depositarlos en la 14»

El brigada toma sus precauciones en el dictamen. «No puede afirmar que todos los residuos que se encuentran en la explanada provengan de residuos desenterrados de la misma ribera de la rambla». Pero añade argumentos para sustentar la posible existencia de un delito medioambiental. El técnico hasta habló con el encargado de la maquinaria que llevaba a cabo la labor. Le dijo: «Se trasladan de las paredes de la rambla y se entierran en la parcela 14 para así poder hacer más ancho el cauce de la rambla».

El documento que redactó el agente tras la inspección ocular en el lugar describe que en la parcela que él identifica como 9005, «en la ribera derecha de la Rambla del Poyo, se observa una gran cantidad de residuos en capas superpuestas y separadas entre sí por capas de tierra».

Por otro lado, cuando llegó el agente medioambiental al lugar de los hechos observó que había «dos retroexcavadoras que estaban cargando en camiones residuos mezclados con tierra que se encontraban enterrados en la misma ribera de la rambla (en la parcela 9005 del polígono 22 del mismo término municipal). Estos camiones son los que en ese momento estaban aportando los residuos a la explanada de la parcela 14».

La Conselleria de Medio Ambiente ha llevado ante Fiscalía a la Confederación Hidrográfica del Júcar por un posible delito medioambiental al considerarla responsable de los vertidos acumulados en dos parcelas ubicadas en el municipio de Ribarroja. Según la versión del departamento que dirige Martínez Mus la empresa concesionaria está utilizando como vertedero estos dos solares y esto podría constituir un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal. En una de las parcelas se encuentran restos de materiales de construcción y en la otra se acumulan más de 300 vehículos abandonados.

Como factor agravante, desde la conselleria han señalado que en la parcela en la que se encuentran los vehículos estos están siendo desmontados por gente sin tener en cuenta la peligrosidad de estas acciones ya que pueden toparse con materiales tóxicos.

Las actuaciones se han detectado en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riadas del pasado 29 de octubre. La dimensión de las dos parcelas ronda las siete hectáreas. Se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles, maderas que están siendo vertidas y enterradas en ese lugar.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se señala que la situación fue denunciada hace unos meses pero no ha surgido efecto. Hace siete meses desde la dana y el paraje no ha cambiado. Los coches continúan amontonados y abandonados sin ser enviados a centros autorizados de tratamiento con el consiguiente riesgo medioambiental.

Al margen de los daños medioambientales que se puedan producir, el abandono de los coches deja en estado de indefensión a sus propietarios que sólo disponen hasta fin de mes para poder dar de baja a sus vehículos y tener la opción de acceder a las ayudas que las administraciones está concediendo por la destrucción de los automóviles durante la dana.

Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar han desmentido las acusaciones. Fuentes de este organismo han asegurado que no está realizando ningún tipo de trabajo en esta zona, y en las obras que ha realizado en ningún caso ha acumulado residuos en las parcelas citadas.

Desde el organismo de cuenca han señalado que el punto de vertido de residuos al que hace referencia la denuncia podría tener su origen en un antiguo vertedero del que no se tenía constancia antes de la dana y que ha aparecido después de unos trabajos de conservación y adecuación que están realizando desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de asegurar la estabilidad de la A-3.

También han apuntado que todos los vehículos que la Confederación está retirando de los cauces se están gestionando conforme a la normativa vigente y desconoce la procedencia de los 300 vehículos 'abandonados' a los que hace referencia y que en cualquier caso parecen encontrarse en parcelas privadas y fuera del dominio público hidráulico.