Sanidad indemnizará con 60.000 euros a la familia de un hombre que murió por un tratamiento inadecuado

El tratamiento no fue el adecuado y por eso el paciente empeoró. Hasta tal punto que acabó falleciendo por dificultades respiratorias y una hemorragia cerebral. Por ello la familia de este hombre va a recibir una indemnización de Sanidad de casi 60.000 euros por lo que se considera una mala praxis de los profesionales de la conselleria, según ha fallado el pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat.

El hombre murió en mayo de 2017 (en la etapa del gobierno del Botánico), tras llevar más de un mes en el hospital por un empeoramiento respiratorio. Hasta se le incluyó como candidato a un trasplante cardiaco, que no llegó a producirse. Un TAC craneal mostró varios focos hemorrágicos e isquémicos y con ese estado neurológico irreversible, falleció por shock cardiogénico. Y todo ello como consecuencia de un proceso que había comenzado en febrero, cuando acudió a su centro de salud por molestias como dolor de cabeza y dificultad respiratoria. El médico lo derivó al hospital, se le diagnosticó una crisis HTA y fue dado de alta.

Entonces comenzó un tratamiento durante casi dos meses en el ambulatorio que es el que los padres y el hermano de la víctima señalan como inadecuado y causa de su empeoramiento. Una opinión avalada por informes médicos que han sido determinantes para que el Consell Jurídic estime esta pena de 58.000 euros a Sanidad. Con el tratamiento, sufre taquicardias diarias y taquipnea con tos, por lo que tiene que ingresar en el hospital por enfermedad tromboembólica, miocardiopatía dilatada probable, insuficiencia cardiaca y hemoptisis.

Esto motivó que la familia pusiera una denuncia por la vía penal contra el médico del centro de salud, pero la justicia determinó en 2022 que el facultativo quedaba absuelto. Sin embargo, los familiares continuaron el proceso en los tribunales al considerar que no se le habían realizado al fallecido otras exploraciones o pruebas complementarias, indican que el tratamiento no fue global, sino aislado, lo que retrasó el correcto diagnóstico. En un primer momento los familiares pedían una indemnización de casi 100.000 euros, aunque finalmente se ha quedado reducido casi a la mitad.

El Consell Jurídic aporta dos informes médicos a su dictamen. En el informe de funcionamiento, que detalla las actuaciones realizadas por los distintos servicios médicos, no se revela mala praxis por parte de los facultativos que lo asistieron. En cambio en el informe forense se concluye de forma clara que que «la ciencia médica se aplicó incorrectamente de acuerdo a una mala praxis», determina.

Por su parte, la inspección médica concluye que el médico de primaria lo valoró «de forma puntual», sin interpretar la sintomatología de manera global del paciente, lo que hubiera permitido derivarlo a la especialidad correspondiente para su tratamiento sin esa pérdida de salud. Así, destaca que la asistencia y tratamientos por el médico del centro de salud «no fueron correctos ni adecuados» y añade que «puede establecerse un mal funcionamiento de los servicios médicos de la Conselleria de Sanidad».

Otro de los dictámenes del Consell Jurídic se centra en la reclamación por una operación quirúrgica que le realizaron a una mujer y que le provocó la sección del nervio radial, lo que su hijo considera una «deficiente atención» y una «negligencia», por la que la perjudicada percibirá 32.000 euros, aunque él pedía inicialmente 256.000, que no han sido estimados.

La lista de secuelas que le han quedado a la mujer es larga, como son las motoras y sensitivo motoras de origen periférico en el sistema nervioso, parálisis del brazo, trastornos permanentes del humor y trastorno depresivo mayor crónico. La mujer debe llevar dos férulas de forma continua y necesitará gastarse dinero en consultas de traumatología en clínica privada, fisioterapia y la ha ocasionado una pérdida de calidad de vida.

El informe médico que acompaña el caso concluye que la técnica de realización del cerclaje «no fue correcta, ya que se quedó interpuesto el nervio radial» y añade que durante la intervención «no se tomaron las medidas necesarias para proteger al nervio radial ni se hicieron las comprobaciones necesarias para ver que no estaba atrapado», señala el análisis. Por todo ello, concluye que la asistencia el hospital público «no fue acorde a la Lex Artis», una expresión que en el ámbito legal, se refiere a las reglas, conocimientos, criterios y prácticas que un profesional debe seguir en el ejercicio de su profesión para actuar con diligencia y responsabilidad.

La mujer se produjo esta lesión por una caída en la calle en 2022, ya con la actual conselleria en el gobierno. Se le diagnosticó una fractura diafisaria de húmero derecho y fractura de la rótula izquierda. Cinco días después la operaron y en el post operatorio se aprecian problemas en el nervio radial. Pero esta paciente pidió el alta voluntaria para marcharse a otra comunidad y no demandó el seguimiento post operatorio en el hospital público.

An así, el informe de la Comisión de Valoración del Daño Corporal concluye que la asistencia sanitaria «no fue la correcta», al haberle producido durante la intervención «un atrapamiento del nervio radial por el cerclaje, que no fue detectado, a pesar de presentar una clara paresia radial tras la intervención», detalla.

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