Caturla confiesa que ocultó su patrimonio al estallar el caso Imelsa y acepta 11 meses de cárcel

El exdirigente popular acumula ya dos condenas. La primera, de cinco años de cárcel, por colocar a zombies en la empresa pública de Ciegsa, otra de las piezas en el caso Imelsa. El fallo está pendiente del Tribunal Supremo. Quizá ese fue el motivo, principal o secundario, de que este martes confesara que ocultó parte de su patrimonio en la investigación del sumario de corrupción.

Esta segunda condena, de 11 meses de prisión, se ha producido tras un reconocimiento de los hechos. Además, se beneficia de una reducción de la condena. Pero, además, con la retirada de la acusación para sus familiares quienes, según la Fiscalía, habían colaborado en el alzamiento de bienes. La petición inicial era de dos años y medio de prisión. La multa también se reduce. De casi 11.000 euros se queda en 2.700.

No hay testimonio gráfico de la conformidad que se acordó en Penal 18 por un hecho que resulta incomprensible. Nadie del juzgado avisó que la audiencia había comenzado y los medios de comunicación que aguardaban en el exterior no pudieron acceder a la sala en el momento en el que se hace habitualmente en el resto de juzgados y Audiencias. En este órgano judicial, al parecer, la transparencia no es un valor en alza.

Volvamos a las diligencias. La investigación de la Guardia Civil, en su momento, concluyó que Caturla efectuó toda una serie de operaciones donde se «transfirieron desde el patrimonio personal del investigado a la sociedad familiar 559.000 euros en metálico» al margen de la donación de participaciones de la empresa familiar, Estilo Kiki SL, una mercantil dedicada a la elaboración de tomate. Caturla se sabía investigado porque los denunciantes del caso Imelsa, la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, lo habían difundido en algunos medios de comunicación. Esto le llevó, por ejemplo, a cambiar su móvil.

Las propiedades de Caturla eran cuatro inmuebles: la finca la Corona con un vivienda en el terreno, un chalé en Dénia, una parcela rústica de 14.000 metros en Fontanars dels Aforins y la mitad de una nave industrial en ese mismo municipio. Además, tenía 18 vehículos a su nombre entre motos, coches, remolques y maquinaria agrícola. Buena parte de estos bienes los vendió para beneficiar luego a la empresa, que ya contaba con importantes activos. Sus acciones las donó a sus hijos, pero conservó el usufructo. La pena de prisión, además, ha quedado suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir en un periodo de dos años.

No han sido estos los únicos problemas judiciales. Uno de los asuntos principales en el caso Imelsa, el supuesto sobrecoste de 1.000 millones de euros en la construcción de los colegios públicos en la época del PP se disolvió con el paso de los años y la ausencia de indicios delictivos. Se trataba de una supuesta trama que, en sus inicios, apuntaba a buena parte de la cúpula del PP en un entramado incluso son subgrupos que competían por el cobro de comisiones. Todo aquello quedó en nada. De hecho, fue el fiscal el que pidió el archivo ante la imposibilidad de seguir adelante. Aún hoy, casi diez años después de comenzar aquel sumario, quedan piezas abiertas en el seno de la macrocausa. Su futuro es incierto.