El 'caso fontanera' saca a la luz una década de maniobras entrecruzadas en las cloacas

En esta trama se mezclan intereses partidarios de origen (como los del PSOE y la propia Díez) con afinidades políticas sobrevenidas (como la de Víctor de Aldama, convertido en ariete contra Sánchez en la creencia de que esa táctica le beneficiará en su crítica situación procesal). En todo este entramado afloran también viejos casos judiciales bajo la sombra, siempre omnipresente, del excomisario José Manuel Villarejo y sobrevuelan igualmente algunas de las causas vinculadas al fraude de los hidrocarburos más importantes del país como Hafesa, Gaslow, Villafuel o Drake. Todo ello con dos conocidos bufetes de abogados enfrentados y un enjambre de imputados revoloteando a la caza de nulidades en sus procesos ante la justicia.

El 'caso Leire Díez' hunde sus raíces en la denominada 'Operación Cataluña', el presunto intento parapolicial del Ministerio del Interior, en manos entonces del PP y bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz, de tratar de frenar al independentismo en los momentos álgidos del 'procés'. Desde que el empresario Javier Pérez Dolset, rey de los videojuegos, acabara en 2017 con sus huesos en la cárcel acusado de haber provocado la quiebra de su tecnológica Zed WorldWide, éste viene dedicando su vida y su dinero a perseguir las supuestas «cloacas» del Estado y las «mafias policiales».

Dolset, que afirma haber destinado cinco millones de euros y 21 empleados a su particular misión, ha denunciado –también en los tribunales– haber sido «víctima» colateral de esas mafias que dice combatir cuando Villarejo, en el llamado 'proyecto Brod', le espío por el supuesto encargo de rivales empresariales que querían robarle su empresa. Y que a cambio habrían entregado al excomisario información de la familia Pujol y del Govern de Artur Mas.

Dolset, que con el tiempo se ha acercado a la órbita del PSOE hasta el punto de colaborar en las estrategias de su grupo parlamentario en determinadas comisiones, sostiene que conoció a Leire Díez hace seis años, aunque su cooperación –afirman ambos– se estrechó a principios de 2023, cuando la militante socialista y ex alto cargo en Correos emprendió la investigación para su supuesto libro sobre «víctimas» de mafias policiales. El empresario, que niega ser su mecenas, está defendido por Jacobo Teijelo, el letrado en cuyo despacho se grabaron las conversaciones con el también empresario imputado en las tramas de los hidrocarburos Alejandro Hamlyn, actualmente residente en Dubái.

Teijelo, abogado con excelentes relaciones con el PSOE y conocido en el pasado por ser el defensor de la mujer del vídeo sexual del periodista Pedro J. Ramírez, tiene otro cliente clave en esta tela de araña. Se trata del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO y está imputado por estar supuestamente a sueldo en una de las tramas del fuel liderada por un socio de De Aldama. Además de haber denunciado irregularidades en la UCO, Sánchez Yepes acusa al excapitán Juan Vicente Bonilla García, jefe de Fuentes de la unidad de la Guardia Civil y hoy contratado en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de ocultar información para favorecer al PP. Los wasaps de Bonilla con un confidente han servido para difundir el bulo –del que se hicieron eco al tiempo tres ministros– de que este mando fantaseó con colocar una bomba lapa a Sánchez.

El otro bufete clave en este relato es el de José Antonio Choclán. Es quien consiguió hace medio año sacar de la cárcel a De Aldama tras un pacto con Anticorrupción. Y es, también, el abogado de Hamlyn; del empresario y expresidente del Badajoz de fúbol, Joaquín Parra, otro investigado en el caso de hidrocarburos Hafesa; y del comandante de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado por haber sido 'comprado' por De Aldama y que se reunió con Leire Díez en dos ocasiones. La supuesta 'fontanera' del PSOE ofreció tanto a Hamlyn como a Villalba, según las grabaciones y el agente investigado, los servicios legales de Teijelo y acuerdos con la Fiscalía.

Según la versión de De Aldama y de su entorno, los movimientos de Díez, ayudada por Teijelo y Peréz Dolset, han tenido como principal objetivo, más allá de buscar trapos sucios contra el Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción de la UCO que dirige Balas, intentar conseguir material para desacreditar la versión del presunto cabecilla de la 'trama Koldo' a fin de bajar la presión sobre el PSOE; sobre todo, tras la imputación por el Supremo de José Luis Ábalos.

De Aldama cree que, en particular, el intento de acercamiento a Villalba –al que, según las actas que él mismo redactó, Díez ofreció rehabilitarlo a cambio de información– tenía como propósito sacarle datos sobre el supuesto cabecilla de la trama corrupta que salpica al exministro de Transportes y ex número tres del PSOE.

De Aldama decidió poner un «cebo» a la presunta 'fontanera', en clara referencia a las reuniones filtradas con Hamlyn y Villalba. Esas operaciones, que han acabado con Díez fuera del PSOE, al parecer no terminaron de contentar al empresario, quien el miércoles reventó la tumultuosa comparecencia de prensa de Díez, que tuvo que salir escoltada por Pérez Dolset.

Según fuentes cercanas al caso, hay documentadas una treintena de reuniones entre 2024 y 2025 de Díez con diferentes personajes para o bien intentar obtener información contra el PP, la UCO o ciertos fiscales y jueces o bien para interesarse de casos que afectan al PSOE. Entre esos contactos están Ábalos, que viene denunciando las irregularidades de la UCO para conseguir la nulidad del caso que lo acorrala; Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y que denunció en su día haber sido víctima también de maniobras policiales; o Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior con Fernández Díaz imputado, junto a su antiguo jefe, por la 'operación Kitchen' de espionaje a quien fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. A Martínez le propuso también ayuda de la Fiscalía, la misma táctica que Díez empleó en muchas otras ocasiones a cambio de información sobre la 'policía patriótica', la presunta camarilla parapolicial bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tanto Díez como Pérez Dolset han acusado directamente a Choclán de estar detrás de «las filtraciones» de las grabaciones protagonizadas por la supuesta 'fontanera'. «Lo que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo es cómo la estrategia ha sido ir filtrando información, ir socavando la estrategia de defensa del otro», ha señalado la exmilitante socialista, abonando la tesis de los bufetes enfrentados.

Díez y Pérez Dolset niegan pertenecer al aparato del PSOE, pero sí han acabado reconociendo reuniones con algunos cargos y admiten haber entregado al partido información sensible de carácter judicial. La propia Díez, cuando presentó su renuncia el martes, entregó a los servicios jurídicos de Ferraz un 'pendrive' con dossieres de los casos que asegura «investigar» como periodista; en algunos ni siquiera está personado el PSOE como acusación. Pérez Dolset, por su parte, ha relatado que acudió a Ferraz para aportar «documentación» sobre supuestas investigaciones contra Sánchez. Lo hizo en compañía de la periodista Patricia López y que se reunió varias veces con Santos Cerdán. El secretario de Organización del PSOE ha admitido conocer a Leire Díez, pero solo como una simple militante.