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Un joven de 16 años perdió la vida el pasado domingo 1 de junio tras precipitarse desde uno de los muros de la zona de la Marina de Valencia ... , en el puerto de la ciudad. Las investigaciones de la Policía Nacional confirmaron que se trató de un accidente. El chico paseó por la superficie de la estructura y cayó desde unos cuatro metros de altura. Un suceso que se podría calificar de trágico, pero tal vez no de inesperado. Porque los hosteleros de esta zona de la Marina llevan denunciando desde 2014 del riesgo de caídas desde esta zona.
La última vez que se avisó a las autoridades de que estos hechos podían ocurrir se remite a un informe presentado por la Asociación Empresarial Marina Premium de Valencia en mayo de 2023. En dicho documento, los hosteleros de la zona denuncian el estado de las instalaciones de dicho enclave ante las administraciones gestoras del complejo. «Visto el elevado grado de deterioro de las instalaciones de la Marina y el evidente perjuicio para la imagen, tanto del entorno como de los negocios ubicados en la zona, se decide reflejar en un informe la situación actual», se puede leer en el informe al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
El informe ofrece hasta 14 páginas con un total de hasta 46 pruebas gráficas de los desperfectos que presentaba la Marina por aquel entonces. Los hosteleros afirmaban que, siendo un enclave cerca del mar con unas condiciones de humedad y salinidad del ambiente que lo hacen «especialmente agresivo», no se estaban tomando las medidas que correspondían a dichas condiciones. «Esta forma de proceder causa un evidente perjuicio tanto a nivel de imagen, como por el elevado coste de reparación que se multiplica en función del tiempo de ausencia de actuación», redacta dicho informe.
Numerosos elementos metálicos en un evidente estado de oxidación, vidrios agrietados, zonas garabateadas y sucias, son algunos de los ejemplos que aparecen en dichas imágenes. Sin embargo, el informe incide en un asunto más relevante. La señalización de zonas de riesgo para los usuarios. El documento indica que los carteles no son los homologados, no son lo suficientemente visibles y están deteriorados.
Pero va más allá: «Aunque hay que tener claro que la forma de evitar los riesgos no es advertir de que existen, sino eliminarlos, más aún cuando se incurre en incumplimiento legal«. Tras esta frase, en el documento se adjuntan fotografías del muro del que el joven de 16 años se precipitó la pasada semana. De hecho, el informe es insistente, pues en las conclusiones del mismo se insiste que la »dejadez está desembocando en que se generen riesgos para el usuario de la zona, que en algunos casos pueden provocar daños graves (sobretodo en el caso de caídas o de un posible incendio)«.
Este informe llegó al ente gestor de la Marina en 2023, el Consorcio Valencia 2007, que ya se encontraba en proceso de liquidación. De hecho, este periódico también ha tenido acceso al documento oficial de dicha entidad, de la que formaban parte Ayuntamiento -entonces en manos de Joan Ribó- y Gobierno (Autoridad Portuaria). La respuesta por parte del Consorcio fue la siguiente: «Entendemos que las deficiencias, originadas por diferentes motivos, han de ser subsanadas y es legítima su información con la intención de su subsanación. En este sentido les hemos de informar que hemos trasladado a nuestros servicios técnicos el informe que nos han presentado y se ha dado indicaciones para que, en la mayor brevedad posible se puedan subsanar».
La asociación empresarial lleva denunciando esta situación desde 2014, y ninguna administración ha planteado una solución al respecto. Tal y como se puede observar si uno pasea por este enclave, la Marina mantiene los mismos carteles que prohíben subirse al muro, pero más allá de ello no hay nuevas medidas de seguridad.
Desde que ocurrió la muerte del joven, el actual equipo del Ayuntamiento de Valencia estudia aumentar la seguridad en la Marina. La alcaldesa, María José Catalá, achacó la permisividad de los hosteleros de promover un «turismo de copas». El Consistorio trabaja en la redacción de una demanda civil que haga que los dueños de los restaurantes instalados en cuatro locales municipales los abandonen cuanto antes.
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