El Supremo confirma la condena por corrupción contra Cristina Fernández que le inhabilita

Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de 'lawfare', es decir, persecución judicial y política.

«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (...) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley», agrega.

La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

Prisión domiciliaria

La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado. El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.

Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.

En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».

Astuta, controvertida, elocuente, estratega. La primera mujer elegida por el voto popular para comandar la Casa Rosada se inscribe en la selecta lista de personajes argentinos capaces de despertar tanto amores como odios. Y es que la figura de Fernández no ha pasado nunca inadvertida, desde sus comienzos en la arena política, hace casi cuatro décadas.

Nacida el 19 de febrero de 1953 en la ciudad bonaerense de La Plata, CFK, como también se la llama, conoció a Néstor Kirchner en la universidad cuando estudiaban Derecho. Tras seis meses de noviazgo, se casaron en 1975, cuando ambos coqueteaban con la militancia en la Juventud Peronista.

Tras el golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la dictadura militar, el matrimonio se afincó en la sureña Río Gallegos, ciudad natal de Kirchner y donde éste cimentó una carrera política que le llevó a la Presidencia argentina en mayo de 2003. Tuvieron dos hijos, Máximo, de 48 años, actualmente diputado, y Florencia, de 34.

La carrera política de Fernández comenzó a finales de la década de 1980, cuando fue elegida diputada provincial en Santa Cruz, cargo que dejó seis años después para sentarse en el Senado.

En 1997 fue elegida diputada nacional, en 2001 regresó al Senado y en 2005 fue reelegida en la Cámara Alta, ya como primera dama.

En la cima del poder

En 2007, sucedió en la Presidencia a Kirchner, quien falleció por un ataque cardíaco en 2010, quizás el golpe más duro de su vida y con el que debió cargar en la campaña de 2011 para unos comicios que le dieron la reelección y en los que obtuvo el 54 % de los votos.

Consiguió en aquella ocasión el mayor nivel de adhesión popular logrado en una primera vuelta presidencial desde el retorno de Argentina a la democracia, en 1983.

Con un modelo político y económico desgastado, el kirchnerismo, sin alternativa propia al «peso pesado» que representaba Cristina, perdió las presidenciales de 2015 y dejó la Casa Rosada en manos del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

Dos años después, Fernández, cuyos problemas con la Justicia por denuncias de corrupción habían comenzado al final de su segundo mandato, obtuvo un asiento en el Senado.

En mayo de 2019 sacudió el avispero político al ofrecer a Alberto Fernández, jefe de Gabinete durante cinco de los doce años del kirchnerismo en el poder, que liderara la fórmula presidencial que competiría en los comicios de ese año.

Con CFK como candidata a vicepresidenta, la dupla limó las asperezas de antaño y supo aglutinar a las diferentes corrientes del peronismo, una unidad que resultó clave para arrebatar a Macri sus sueños reelectoralistas.

Aquella jugada magistral le permitió, como vicepresidenta, acceder desde el 10 de diciembre de 2019 a la titularidad del Senado, un sitio de privilegio desde donde seguir tejiendo su estrategia política.

Las diferencias con Alberto Fernández resurgieron y la vicepresidenta no tuvo reparos en criticar abiertamente la política económica del mandatario, profundizando la división en el peronismo, que sufrió una dura derrota en las presidenciales de 2023 que llevaron al ultraderechista Javier Milei a la Casa Rosada.

Juicio y condena

En mayo de 2019 comenzó el juicio oral contra Fernández por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales, un caso que la exmandataria inscribió en la trama de 'lawfare' (hostigamiento judicial y político) de la que asegura ser blanco.

El 1 de septiembre de 2022, en el tramo final de ese proceso, la entonces vicepresidenta fue víctima de un intento de asesinato cuando un hombre intentó dispararle en el rostro mientras saludaba a militantes a las puertas de su apartamento en Buenos Aires.

El 6 de diciembre de 2022 el tribunal oral condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sentencia que un tribunal de alzada confirmó en noviembre de 2024 y que ahora la Corte Suprema deja firme.

La decisión deja a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) fuera de la contienda electoral, pues planeaba ser candidata a legisladora provincial en septiembre, y a un paso de ir a la cárcel, de la que podría librarse si le conceden el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años.