Nueva prórroga en Azud, la causa que implica a dos ex altos cargos del PSPV

El juez acaba de prorrogar otros seis meses la investigación. No es necesario agotar el plazo, pero parece poco probable que las indagaciones se cierren antes de esa fecha. La decisión la ha adoptado tras recibir un informe de la UCO donde anuncia que están ultimando nuevos informes sobre el caso. Un oficio que ha generado quejas de las defensas al no haber recibido esa documentación. En resumen, nueve años después todavía queda trabajo policial por completar.

El caso reúne una particularidad frente a otros asuntos de corrupción. Por primera vez en la Comunitat, una misma trama afecta a altos cargos de los principales partidos del bipartidismo. Por ejemplo, dos ex altos cargos del PSPV se han visto salpicados por estas diligencias. En primer lugar, Pepe Cataluña, el que fuera cerebro de las finanzas socialistas. Cataluña está imputado por los indicios de que cobró comisiones por la adjudicación de obras del Gobierno central. En definitiva, el método descrito en Azud no dista del que ha retratado la UCO en el triángulo entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Lo que se ignora es qué porcentaje era para uso particular y cuál para el partido.

Los especialistas encontraron, además, documentación que recoge cómo empresas beneficiadas de adjudicaciones pagaron gastos en la agencia que elaboraba material propagandístico del PSPV para las elecciones de 2006 y 2007. Un periodo en el que coincidió la financiación ilegal del PP que ha sido condenada ya por la Audiencia de Valencia. La peor cara del bipartidismo en estado puro.

También aparece salpicado Rafa Rubio, el que fuera líder de la política municipal socialista y ex subdelegado del Gobierno, por presuntamente haber cobrado cerca de 300.000 euros de una comisión a cambio de guardar silencio para favorecer los intereses del principal empresario en una operación urbanística en la ciudad de Valencia. El investigado siempre ha negado las acusaciones.

La pieza de la financiación ilegal del PSPV, no obstante, avanza hacia el sobreseimiento. La Audiencia ya se ha pronunciado en algún caso y ha dado por extinguida la responsabilidad penal de uno de los empresarios que pagaron gastos electorales.

La causa, al margen de la financiación ilegal del PSPV, pivota sobre tres asuntos, la trama de los colegios, las supuestas comisiones que cobró José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, de grandes contratistas del Ayuntamiento, y otros negocios urbanísticos de Jaime Febrer. Es esa parte una de las más avanzadas tras la presentación de un informe por parte de Hacienda en el que se ratifica que fue un negocio exitoso.

La investigación del caso Azud supone un cuestionamiento parcial del legado de Rita Barberá. Nadie discute el desarrollo de la capital y la relevancia de su figura política. Pero en el periodo de grandes mayorías de los populares, la investigación desvela el papel de su cuñado, una especie de vía de contacto en el Consistorio para los grandes contratistas de Valencia. Esta estrecha relación con la Administración le permitía al letrado cobrar unas generosas cantidades desde diferentes empresas por servicios, en apariencia, ficticios.